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Camara.cl
17 de octubre 2017
La segunda cita destinada a este
tema por parte de los legisladores contrastó las posiciones del gobierno, la
Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, los municipios y los profesores.
Sin embargo, pese al ánimo de los parlamentarios por llegar a un acuerdo, los
puntos no tendieron a una convergencia y las partes mantuvieron sus posturas.
Analizar las distintas visiones
que sostienen la Contraloría General de la República y la Corte Suprema,
respecto del pago de la bonificación proporcional mensual a los docentes del
sector municipal, fue el foco de la sesión de la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados.
Para la discusión, los
parlamentarios contaron con la presencia del Contralor, Jorge Bermúdez; de la
Ministra de Educación, Adriana Delpiano; de la presidenta del Consejo de
Defensa del Estado, María Eugenia Manaud; del titular de la Asociación Chilena
de Municipalidades (ACHM) y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, acompañado de
un amplio número de ediles del país; y del presidente del Colegio de
Profesores, Mario Aguilar, entre otros.
La ministra Delpiano enfatizó que
no ha sido posible encontrar una solución viable al tema y afirmó que la
postura del Gobierno es clara en señalar que los dineros demandados por los
profesores fueron cancelados oportunamente y que pagar dos veces lo que ya se
pagó sería una malversación de recursos.
El Contralor Bermúdez y el jefe
de la División Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic, reconocieron que
las modificaciones legales de 1999, 2001 y 2004 complejizaron el sistema de
pago. Sin embargo, remarcaron que en este tema se tiende, primero, a confundir
el bono proporcional del llamado bono SAE, lo cual es un error, y a estimar
como nueva bonificación un beneficio dirigido solo al sector particular
subvencionado.
Asimismo, se recordó que la
Dirección del Trabajo confirmó la misma tesis de la Contraloría y que la única
instancia que ha fallado en forma distinta es la Cuarta Sala de la Corte
Suprema, que ha originado la ola de procesos judiciales que hoy alcanzan, según
cifras del Consejo de Defensa del Estado, a 247 juicios en curso, 151 en
tramitación, 30 en instancia de cobranza judicial y seis con sentencia firme y
ejecutoriada desfavorable para los municipios o corporaciones municipales.
Desde este último organismo, se
indicó, además, que en los casos en que están interviniendo han tenido buenas
perspectivas, donde la defensa ha sido que los montos demandados fueron ya correctamente
cancelados. Asimismo, plantearon que no correspondería una ley interpretativa,
dado que el pago legal fue realizado y, tal como recalcó la ministra, la norma
que incluía el bono fue derogada por la Ley de Carrera Docente.
Las visiones anteriores fueron
bien acogidas por las municipalidades, que resaltaron que el tema no ha sido,
como se acusó, un problema de mala gestión y que, por tanto, no pueden hacerse
cargo de una deuda que en la práctica no existe.
Sin embargo, el Colegio de
Profesores refutó dichas opiniones e insistió en que los dineros hoy demandados
corresponden a negociaciones pasadas destinadas a mejorar los salarios de los
docentes.
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